El director del Distrito III Entre Ríos de FAA abordó la problemática del abigeato y la inseguridad rural, donde los robos reiterados obligan a los productores a modificar sus rutinas y vigilar permanentemente sus animales.
El federado se refirió especialmente a la situación de la zona de Bovril, donde los productores se ven obligados a extremar las medidas de seguridad, hasta incluso encerrar a sus animales al caer la tarde en corrales cercanos a sus viviendas. Tras una reunión con autoridades provinciales, jefes policiales y representantes del sector agropecuario, Martiarena destacó “el compromiso de reforzar los recursos para combatir estos delitos mediante drones, visores térmicos y mayor presencia policial”. Sin embargo, consideró que el principal problema continúa siendo la falta de consecuencias judiciales efectivas. Por ello, propuso avanzar hacia fiscalías especializadas en delitos rurales y fortalecer la coordinación entre policías, fiscales y productores.
En este sentido, señaló que la meta es “tratar de que la vida de esta gente cambie, y cambie para bien, y que puedan llegar a tener la tranquilidad necesaria”.
Al recordar lo ocurrido durante la reunión con los productores en Bovril, relató que escucharon el testimonio de un productor que “corrió a dos malhechores a tiros y a latigazos”. Al respecto, advirtió que, si esa persona hubiera matado a alguno de los dos sujetos, “hoy estaríamos en un serio problema”.
En relación con la Justicia, sostuvo que el delito de abigeato debe ser penado con mayor gravedad. Explicó que, si bien puede considerarse un delito menor cuando se trata del robo de un solo animal, la situación cambia cuando las pérdidas se acumulan. En Bovril, recordó, escucharon con preocupación a productores a quienes les habían robado decenas de animales sin que, según sus testimonios, hubiera consecuencias. “La Policía hace su trabajo, pero todo indica que la puerta giratoria, para este tipo de delincuentes, sigue como si nada aconteciera”, expresó.
Sostuvo que “el robo reiterado de hacienda no puede tratarse como una sucesión de delitos menores cuando las pérdidas acumuladas afectan gravemente el capital de los establecimientos”. Por ello, planteó la necesidad de fortalecer el asesoramiento legal a los damnificados y promover investigaciones que permitan obtener condenas efectivas, con el objetivo de devolverles a los productores la seguridad y la tranquilidad necesarias para continuar trabajando.
Evento Niño
Por otra parte, Martiarena se refirió a la situación de los productores ante el riesgo de inundaciones. Señaló que, según los relevamientos realizados junto con el Senasa, la cantidad de cabezas de ganado en las islas es importante y que el movimiento de animales comenzaba a intensificarse.
En este contexto, explicó que vender hacienda sin terminar implica importantes pérdidas en el precio por kilo. Además, los productores deben afrontar obligaciones tributarias por una operación que no representa una ganancia real, sino la liquidación temporal de su capital. Estas cargas pueden desalentar el traslado preventivo de los animales y aumentar los riesgos ante una creciente que, en un corto plazo, podría afectar fuertemente las zonas donde se concentra la ganadería en islas y campos inundables.
No obstante, destacó que, durante la última reunión de la Comisión de Emergencia, integrada por representantes del sector agropecuario y funcionarios provinciales, se avanzó en un acuerdo para elevar al Poder Ejecutivo un pedido de declaración de Emergencia Agropecuaria por el término de un año, a partir del 1 de agosto. La solicitud comprende a los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy, finalizó.
