Para la mesa de enlace, la medida es “una nueva demostración del grado de irresponsabilidad y demagogia” de la justicia entrerriana

Fuente: Dos Florines. Danilo Lima

La Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias de Entre Ríos salió con dureza a rechazar la decisión de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos –integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio– que rechazó, por mayoría, el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial contra la sentencia del vocal de la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de Paraná, declarando la nulidad parcial el decreto 4.407/18, que fija las distancias permitidas para fumigar en zonas rurales. Con esta sentencia, vale recordarlo, sigue en pie lo dispuesto oportunamente por el vocal de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, Daniel Benedetto, quedando en vigencia consecuentemente las distancias de interdicción de fumigaciones fijadas en su sentencia. En la misma se establece que está prohibido fumigar en forma terrestre a menos de mil metros de las escuelas rurales y a tres mil desde el aire.

Rencores y prejuicios.
La determinación del STJ, dicen las entidades que agrupan a los productores agropecuarios, “es una nueva demostración del grado de irresponsabilidad y demagogia” de la Justicia entrerriana. “Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300.000 hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores, quienes ven una vez más cómo los Poderes del Estado provincial juegan a la política dando rienda suelta a viejos rencores, especulaciones y prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos”, cuestionan en un comunicado.

Y agregan: “La liviandad de aquella medida judicial, respaldada en cierta medida por esta última del STJ, ha dejado una vez más de lado todo soporte científico que incluye estudios avalados por profesionales de reconocida trayectoria; más de 30 demostraciones técnicas realizadas a lo largo y ancho de la Argentina; como así también la legislación comparada con otras provincias y países del mundo”.

En el texto, refrendado por la Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), asimismo, se señala que “esa decisión insensata ha dejado de la noche a la mañana a miles de productores al borde del quebranto, sin importar lo que será de sus destinos, ni de los puestos de trabajo de que ellos dependen, ni de los contratos firmados, ni de los créditos asumidos, ni de sus familias. En definitiva, no les importa nada, salvo obtener un rancio rédito político”.

Más críticas.
Pero las críticas de la Mesa de Enlace no se agotan en la Justicia sino que incluyen también a los otros dos Poderes del Estado: el Legislativo y el Ejecutivo. “De nuestra legislatura aún tenemos frescas las bochornosas imágenes del presidente de la Cámara de Diputados cajoneando un proyecto de ley consensuado”, fustigan los productores en directa a alusión al ex gobernador Sergio Urribarri, mal tiempo que acusan al gobernador Gustavo Bordet y su equipo de haber sido “partícipes necesarios de este mamarracho, subestimando la situación y mostrando un doble estándar, con un discurso resbaloso y contradictorio”. Por un lado, remarcan, “se dictaba un decreto, se apelaba la medida judicial”, y por el otro, “hombres del Gobierno apoyaban a los que impulsaban este artilugio legal o lo que es peor aún, especulaban con los tiempos electorales, sin importar las consecuencias”.

Los dirigentes agropecuarios no tienen dudas de que una ley como la que se había consensuado oportunamente entre los distintos actores de la provincia era “el camino más serio hacia una producción agropecuaria responsable y previsible. Ahora bien, visto y considerando la imposibilidad de que ello hoy tenga curso, cabe preguntarse: ¿Quién va a hacerse cargo de la angustiante situación de los productores a partir de esta medida judicial? ¿Qué va a hacer el Gobernador de todos los entrerrianos? ¿Va a seguir contemplando la situación o va a liderar una salida seria y razonable?”.

La Mesa de Enlace, en este sentido, recuerda que “en su momento no dijeron nada ante el cajoneo del proyecto de ley de fitosanitarios que venía del Senado. ¿Qué posición van a tomar los diputados oficialistas esta vez? ¿Van a seguir apoltronados en sus bancas gozando de sus dietas o van a salir a respaldar a los miles de productores, vecinos y ciudadanos que los llevaron a esos lugares? Por ahora, son todos interrogantes sin respuestas”.

Ante este escenario, las entidades representativas de los productores entrerrianos se declararon en estado de “alerta y movilización” ante “la grave situación que atravesamos”, al tiempo exigieron una “urgente y clara postura de nuestros gobernantes”.
“La angustia y la falta absoluta de previsibilidad que hoy sufren los productores son el resultado de la impericia y la irresponsabilidad de los distintos resortes del Estado entrerriano y no estamos dispuestos a avalarlas”, concluye el comunicado de la Mesa de Enlace.