En los últimos 20 días, un productor del norte entrerriano fue víctima de hechos de abigeato, sufriendo la pérdida de 9 ejemplares, 6 vacas y 3 terneros, por un valor estimado de entre 15 y 18 millones de pesos. Fue la gota que rebalsó un vaso que ya estaba lleno. Muchos productores han sufrido carneadas y el hartazgo, la sensación de impunidad y el temor ganaron cuerpo entre los productores.
El denunciante advirtió que no descarta la posibilidad de armarse o contratar seguridad privada, aunque los costos y la geografía de la zona, caracterizada por monte bajo y espeso, hacen que estas alternativas pierdan peso.
La Federación Agraria Argentina de Entre Ríos ha estado en la zona, hablando con los damnificados y con autoridades, en búsqueda de soluciones que, lamentablemente, no llegan.
Álvaro Prevero, productor agropecuario de la zona de Bovril, expuso una situación crítica de inseguridad rural. En un período de apenas 20 a 30 días, sufrió el faenamiento clandestino de nueve animales en su establecimiento, una pérdida económica que estima entre 15 y 18 millones de pesos.
Prevero señaló que los robos de hacienda no son un fenómeno nuevo, ya que desde hace años registra episodios similares, pero destacó que “nunca había enfrentado una situación de esta magnitud”. La gravedad del problema lo llevó a modificar su forma de trabajo, trasladando parte de los animales hacia corrales próximos a su vivienda para intentar protegerlos, aunque esto implica mayores costos, dificultades de manejo y estrés para la hacienda.
“Es difícil el manejo. Tenemos el campo dividido en 25 hectáreas para el pastoreo, y llevar y traer la hacienda genera mucho estrés. Inclusive, una de las vacas que nos carnearon fue la que no alcanzamos a encerrar en los corrales pegados al establecimiento. El animal volvió al monte y apareció faenado al día siguiente”, relató.
El productor considera que uno de los principales problemas es la falta de respuestas efectivas y la demora en las investigaciones judiciales. Explicó que, pese a las denuncias y a la intervención de la Policía y de la Brigada de Delitos Rurales, durante mucho tiempo existieron dificultades para concretar allanamientos y avanzar con las causas.
Si bien, en el marco de un allanamiento, se detuvo a una persona, Prevero sostiene que todavía se encuentra en una etapa inicial y que la solución requiere un trabajo coordinado entre productores, Policía, fiscales y autoridades locales.
También planteó que los hechos no parecen aislados, ya que la carne obtenida clandestinamente sería comercializada tanto en la localidad como en otros lugares, y sostiene que existe un conocimiento bastante extendido sobre el funcionamiento de estas actividades delictivas.
La modalidad de los hechos también da cuenta de la gravedad de la situación. La mayoría de los animales faenados son ejecutados de un tiro en la cabeza. A los ejemplares más grandes les dejan los huesos y las vísceras tirados a un costado, mientras que a los terneros les cortan las cabezas y las patas y los cargan como si fueran ciervos.
Finalmente, Prevero destacó el fuerte impacto económico y psicológico que la situación genera sobre los pequeños productores. Su establecimiento cuenta con 200 hectáreas, de las cuales 65 están destinadas a agricultura, mientras que el resto corresponde a monte donde se desarrolla la actividad ganadera. Tras los robos, pasó de tener unas 80 madres a alrededor de 70.
Más allá de la pérdida de capital, expresa incertidumbre sobre cómo continuar, ya que no considera viable recomponer inmediatamente el rodeo sin garantías mínimas de seguridad. Su reclamo central es que las autoridades asuman un compromiso más activo y sostenido para prevenir los delitos rurales y dar seguimiento a las investigaciones, de modo que los productores puedan continuar trabajando sin tener que convertirse ellos mismos en responsables de vigilar permanentemente sus establecimientos.
