Convocados por la Filial Puiggari del Distrito III de la Federación Agraria Argentina, dirigentes y actores del sector agropecuario del departamento Diamante se reunieron para analizar la situación de los productores afectados por amparos judiciales vinculados a las distancias de aplicación de productos fitosanitarios en Colonia Ensayo y Aldea Salto.
Del encuentro participaron el director de la entidad, Matías Martiarena; el Ing. Agr. Alfredo Bel; el presidente de la Filial Puiggari, Carlos Bender; y abogados vinculados a la entidad que siguen de cerca las acciones judiciales.
En la zona se registran tres amparos judiciales vinculados a esta problemática. En ese marco, se explicó que la Federación Agraria Argentina se presentó como “tercero interesado” en uno de ellos, de carácter colectivo, con el objetivo de acompañar a los productores involucrados.
Durante la reunión, los asesores legales detallaron el estado de situación de las causas y se generó un intercambio con los presentes sobre cómo se desarrollaron los hechos. El contexto, coincidieron, genera una profunda preocupación tanto en la zona como en el conjunto del sector productivo.
“La Filial Puiggari es la única entidad agropecuaria en el departamento Diamante. Estamos acompañando a los productores y vinimos con un equipo de abogados. La situación es compleja: los productores aseguran que no se hizo nada fuera de regla. Existe una ley provincial que llevó años de trabajo y consenso entre todos los sectores, y que cuenta con respaldo científico. Queremos trabajar con tranquilidad”, expresó Carlos Bender.
En la misma línea, Martiarena destacó que la entidad se presentó como tercero interesado para acompañar a los productores afectados y se refirió a las gestiones que se vienen realizando. Además, remarcó la necesidad de retomar el proyecto de ley de ordenamiento territorial y defender la Ley Provincial de Fitosanitarios. “Es una norma que demandó mucho esfuerzo y existe una vocación unánime del sector por sostenerla”, señaló.
Finalmente, los presentes coincidieron en la importancia de garantizar seguridad jurídica en la provincia como condición clave para el normal desarrollo de la actividad productiva.
